La normativa penal prescribe sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas las siguientes consecuencias jurídicas derivadas de la comisión de un hecho delictivo: sanción pecuniaria; decomiso de instrumentos, objetos o productos del delito; publicación de la sentencia; disolución, suspensión de actividades; clausura; prohibición de realizar actividades en el futuro; inhabilitación temporal; intervención judicial; y amonestación pública. Lo anterior con independencia de la responsabilidad penal en que puedan incurrir representantes o administradores de hecho o de derecho.